SINADURAK

Argazkia. Unsplash / Jesse Bowser

Hace casi veinte años el lehendakari Ibarretxe anunció su propuesta de Estatuto Político pretendiendo dar cauce a la estela de Lizarra-Garazi. Los más de 600.000 votos logrados ese mismo año, capitalizando los errores tácticos de la izquierda abertzale, forzaban a un salto político que definiese un nuevo modelo de relaciones con el Estado español.

Tras tres años de gestión institucional y sin activación social alguna, el Parlamento Vasco aprobó la propuesta (2004) con la posición crítica pero con los indispensables tres votos de los siete parlamentarios de la izquierda abertzale. El «estado libre asociado» definido en la propuesta, con un derecho a decidir como base en las relaciones con el Estado (bilateralidad de naturaleza confederal) y un dimensionamiento del autogobierno con mecanismos de blindaje, se situaba como salto cualitativo en relación al marco autonómico. Su recorrido, eso sí, fue efímero.

Poco después, en febrero de 2005, el Congreso español, con los votos de PP, PSOE e IU, la rechazó considerándola un desafío al orden constitucional. En posteriores elecciones Ibarretxe mantuvo su plan, con una demanda de consulta que tuvo fecha de caducidad, mientras su partido se alejaba de su gestión política. Este contexto, atravesado por un fallido proceso de paz (Loiola-Zurich) que precipitó el cambio estratégico, se mantuvo hasta las elecciones de 2009, donde el Estado decidió el asalto a Ajuriaenea (Gobierno PSE-PP) ilegalizando la izquierda abertzale.

Para entonces, Josu Jon Imaz había saltado del barco jeltzale, recalando en Petronor, y el tándem Ortuzar-Urkullu inició la ciaboga a la estrategia del partido.

En las elecciones de 2012, tras el cambio estratégico de la izquierda abertzale y los resultados espectaculares de 2011, Urkullu mantuvo una fidelidad retórica con el Plan Ibarretxe buscando retener nichos electorales abertzales pero siendo patente su tendencia a unos consensos trasversales que conllevaban su devaluación. Desde entonces hemos asistido a un ejercicio de especulación en tiempos y contenidos, a una dinámica alevosa de desactivación social, de permanente subordinación al Estado con la interminable negociación del chicle estatutario.

Y, con ello, a la explicita renuncia a acuerdos de país con la izquierda independentista para articular una mayoría social e institucional que, desde Lizarra, demandaba una convergencia abertzale para abordar el tránsito del autonomismo a la soberanía y reforzar variables estratégicas de un proyecto nacional. Un hecho que, por contra, se desarrolla parcialmente en Nafarroa, donde EH Bildu apoyo a Uxue Barkos para frenar al Régimen dirigido por UPN.

En la primera legislatura (2012-16), aunque se constituyó una ponencia de autogobierno, para Urkullu «no era el momento» ya que la prioridad era la crisis económica desligando lo económico de lo político en la antítesis de una pedagogía soberanista.

En la segunda legislatura se crea la nueva ponencia de autogobierno con un proceso tedioso –no interesaba contaminarse con el Procés– que culminó en un acuerdo de Bases y Principios con EH Bildu reconducido en una comisión de expertos donde el PNV, además de seguir especulando con el tiempo, se supeditó a los márgenes de sus socios estratégicos (PSE). Con posterioridad la pandemia dejó el nuevo estatus en una especie de limbo político.

Así pues, en la tercera legislatura de Urkullu, a veinte años del Plan Ibarretxe, las pregunta son obvias: ¿Dónde estamos? ¿Hacia donde quiere llevarnos este PNV?

¿Dónde estamos? Seguimos anclados en un autonomismo-amejoramiento donde la dependencia y subordinación se sigue visualizando, si cabe con más fuerza, en esta crisis pandémica. Decisiones estructurales sobre libertades y movilidad, vacunas... y/o gestión de fondos europeos se suman a un marco que nos impone la reforma laboral, las medidas sobre pensiones, ley mordaza, marco de endeudamiento público... o un marco judicial español en permanente intromisión.

Mientras tanto gotean trasferencias que el Estado utiliza para seguir dando vida a su agónico modelo territorial. Ahora, tras el «stand by» provocado por la pandemia, la formación del gobierno independentista en Cataluña y las necesidades del gobierno Sánchez es inevitable que el conflicto territorial entre en la agenda política. De todas formas, las palabras de Ortuzar, «no hay excusas para no abordar el conflicto territorial», debían ser de propia reflexión pues su partido lleva mas de diez años diciendo que «no es el momento».

¿Hacia dónde? ¿Con quién? La opción de este PNV parece clara.

Reproducir el marco autonómico con una reforma estatutaria –un saltito político– a la horma de los socios que garantizan su hegemonía institucional renunciando, como consecuencia, a acuerdos convergentes con la izquierda independentista.

Detrás de apelaciones a mayorías transversales hay una deriva desnacionalizadora donde, renegando de contenidos básicos del Plan Ibarretxe y dando la espalda a las Bases y Principios acordadas con EH Bildu, se instala una reedición de aquel «comodos en España» («cogobernanza») dando una mano de pintura al autonomismo vigente paralelamente a seguir estirando el cumplimiento del actual estatuto. Esa es la evidencia hoy.

Una decantación que está conllevando, asimismo, la descalificación gratuita y campañas de manipulación política (Corrugados, Ertzaintza...) contra el independentismo para justificar o intentar demostrar la imposibilidad de una suma soberanista en una coyuntura donde su gestión queda en entredicho y su funcionalidad política en Madrid esta debilitada.

Con todo, ante ese inaplazable debate sobre el modelo territorial, la izquierda independentista quiere situarse como instrumento político solvente y coherente para un verdadero tránsito del autonomismo-amejoramiento a una soberanía jurídico-institucional –capacidad de decidir de la voluntad vasca, sin hipotecas– intrínsecamente ligada a un cambio social y modelo de gobernanza. Un compromiso a operativizar en acción institucional y social en los próximos meses.