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Fotografía: Foku

Vivienda pública ¿a qué nos referimos cuando decimos vivienda pública?

En España toda la vivienda publica la construyen los privados. El Estado lo que hace es convocar un concurso y esa vivienda es pública porque tiene un precio inferior al precio del mercado, está subvencionada parcialmente por el Estado. El comprador la compra al precio que dice el concurso. Esas viviendas a veces son vendidas o son adjudicadas, dependiendo del colectivo. En algunas comunidades para colectivos muy vulnerables hay sorteo y te toca, te la adjudican.

Ahora normalmente solo se adjudican viviendas publicas en alquiler para personas con niveles de renta muy bajos. Los fondos buitres se han aprovechado de esta coyuntura porque han comprado a precio ridículo viviendas publicas con inquilinos, los han expulsado y ahora están a precio de mercado. Han hecho un pelotazo impresionante.

El déficit que tenemos a día de hoy es porque muchas de esas viviendas han pasado a manos privadas y las pocas que había en alquiler se han vendido a fondos buitres. Ahora hay anuncios de nuevas construcciones y eso lleva su tiempo y es sobre todo muy insuficiente. Al no tener un parque de vivienda pública asequible de entre el 20 y 30% del total.

¿Cuál es la realidad estadística en lo referente a la vivienda?

Se ha creado un índice de precios de zonas tensionadas por la ley de vivienda y se obtuvo de las declaraciones de Hacienda de aquellos que declaran que tienen un piso en alquiler, que es información que llega con dos años de retraso. Dicho por Hacienda mismo: hay un fraude de en torno al 40% de personas físicas que no declaran esos alquileres. En algunas CCAA hay deducciones por alquiler y si a mí no me interesa o no cumplo los requisitos pues entonces no me interesa declararlo y se llega a un acuerdo entre las partes y no se declara. Además de las viviendas declaradas no sabemos cuántas hay. Hay una pobreza estadística. No tenemos números para hacer política pública, tenemos aproximaciones.

Los datos de Idealista son de una empresa de parte, interesados, y además no reflejan la totalidad. En Catalunya, por ejemplo, lo tienen mejor estructurado porque el propietario está obligado a depositar la fianza de su piso alquilado en un instituto público, con eso sí se puede tener un control más o menos con cierto rigor. Pero no existe en toda España y en Madrid por ejemplo se debe hacer pero no hay castigo a quien no lo haga.

Otra faceta que sorprende es que no hay un cuerpo de inspección. Por ejemplo ahora las inmobiliarias no pueden cobrar por la gestión pero no hay ningún tipo de control. En Madrid, si alquilas a un particular, te aseguro en 95% de probabilidad que esa persona nunca depositará la fianza y se la quedará para devolverla luego. Una de las cosas que yo propuse en alguno de los foros en que estuve es que el propietario y el inquilino tuvieran la obligación de registrar el contrato en un ayuntamiento. Si al inquilino se le obligara eso permitiría, como pasa en Francia, tener una idea por barrio de cuál es el precio real de alquiler. Esto es crucial para hacer política publica, contar con datos fiables.

Una de las cosas que me tocó hacer en el Ministerio fue la redacción de la renta básica de emancipación. Había que ver cuáles eran los potenciales usuarios que podían pedirla, necesitaba saber cuanta gente vivía de alquiler. Cuando fui a las estadísticas, vi que no existían. Hay encuestas que hace el INE de condiciones de vida y te dan información los portales inmobiliarios  y te las dan como si fuera el total pero esos son sus clientes, todo el país no está en manos de Idealista o Fotocasa. Me acuerdo, de hecho, de que el ministro Solbes me preguntó cuánta gente vivía de alquiler y no le supe responder.

Además de lo de la inspección, ¿qué otro déficit encuentra en la ley estatal de Vivienda?

Esta ley ha nacido muerta desde el momento en que las CCAA no están obligadas a cumplirla. Es bastante razonable pensar que ninguna del PP quiera aplicar esta ley. Nos vamos a quedar con Catalunya y País Vasco, que ahora algo se empieza a mover allí, y ya. Y además es una ley timorata, nace con miedo porque todo el control de alquileres fue negociado por Podemos y luego el PSOE se vio amenazado por los grandes fondos de inversión y por eso camuflaron la ley, que no soluciona el problema fundamental del acceso. En Catalunya han bajado un poco los precios pero las personas siguen pagando el 50% de su salario en alquiler, en vez del 55% o 60%. No cambia mucho. Hay que reducir el valor real entre un 20 y 30%, y eso solo ocurrirá cuando haya un volumen de vivienda pública del 30%; entonces la competencia será real, ahora no.

El problema solo se puede solucionar si hay una intervención real del mercado, reducir el valor real entre un 20 y 30% a nivel nacional, y eso solo ocurrirá cuando haya ese volumen de vivienda publica, con 30% del total. La competencia entre lo público y privado será real, pero ahora no lo es, lo público es marginal y está en zonas muy degradadas.

¿Cómo ve la situación en la CAV y Nafarroa teniendo en cuenta su regulación propia? 

El País Vasco siempre ha sido avanzado en ese sentido porque tuvo el hecho curioso que durante muchos años hubo gobiernos de coalición PNV-IU, y Madrazo era consejero de Vivienda y con él estaba Javier Burón, una persona que conozco mucho, y fueron avanzados en la legislación respecto a prohibir vender vivienda pública. Desde 2003 eso fue un avance. Pero la política fiscal no me gusta porque siguen desgravando la compra de vivienda y eso incrementa el precio a largo plazo.

Creo que en el Gobierno Vasco podrían ser más ambiciosos, intuyo que las pocas acciones que han levado a cabo son bastante conservadores. Hay una especie de miedo a los grandes tenedores de vivienda y hay una alergia a intervenir realmente el mercado, el PNV no tiene intención y el PSOE tampoco. Los ayuntamientos comparten con las CCAA algunas competencias y muchos en general no quieren pisar el callo competencial, pero eso no puede ser en una situación de emergencia como esta. Lo que está claro es que los alcaldes deberían declarar la zona tensionada pero por eso digo que esta ley nace muerta, porque estás en manos de segundas y terceras opiniones. Si el consejero quiere aplicar la ley y el alcalde no lo desea, no se puede aplicar.

¿Es cierta la influencia de los fondos buitres y lobbies inmobiliarios en los políticos?

El G14 es el grupo de las 14 constructoras mas grandes de España. Todas las semanas estaban en el Ministerio presionando para que no se dejara de construir vivienda, que no hubiera relajación de los fondos. Sistemáticamente presionaban incluso cuando la burbuja estaba prácticamente explotando en 2007. En los grandes ministerios no gobierna el ministro, gobiernan los lobbies. Tambien había una presión muy brusca del lobby cuando salen las Socimis. Yo solo era un asesor y vi la presión que se hacía directa o indirectamente al ministro en las reuniones con las constructoras. No te digo que lo amenazaban pero sí decían que íbamos a perder las elecciones porque nos íbamos a cargar el negocio y se iba a perder empleo. Había muchísima presión.

También quiero recordar que Zapatero crea el Ministerio de Vivienda, que antes era una dirección general. Fue el primer gobierno que puso la vivienda a la altura de las necesidades que teníamos, y se pudieron poner en marcha algunas iniciativas, como crear la SPA, la renta básica de emancipación, etc. Ahí empezó a sonar el problema del alquiler, antes nadie hablaba. Una vez Rodrigo Rato me dijo que alquilar era tirar el dinero, que había que hacer que la gente compre vivienda. El PP quitó el ministerio luego y Sánchez lo rescató.

¿Hacia qué modelos de vivienda deberíamos enfocarnos?

El ideal sería Viena, pero sería muy difícil. Me orientaría hacia un modelo parecido al francés o al alemán de Berlín, con intervención en el mercado del suelo y control de precios. Yo intervendría directamente el mercado de suelo, es la gran orgía especulativa, lo que encarece la vivienda. Hay que hacer una política fiscal muy dura con impuesto fuerte al suelo ocioso, como en Reino Unido y Dinamarca. El suelo no puede ser nunca más un bien de mercado, tiene que ser un bien publico. En Reino Unido nadie es dueño del suelo sino de lo que se construye en él. Tenemos que aproximarnos a esa legislación, a la del control de precio berlinés y al registro de  alquiler francés, y una gestión de la vivienda pública como en Viena.

Igualmente, siempre acabo diciendo que en España esto no tiene solución porque no hay voluntad política y no hay un cuerpo político dispuesto a este enfrentamiento a cara de perro con las élites inmobiliarias, que han ganado la batalla. Ahora solo habría que expropiar todo y no se puede, no hay presupuesto y jurídicamente es discutible. Esta batalla la dieron los países europeos a finales de los 40 y los 50, aquí no.

Aquí a la vivienda se ve como forma de conseguir un sobresueldo o pensión. Mientras no veamos que la vivienda es un bien de uso para vivir, el problema no tiene solución. Ningún país en Europa tiene peor situación de vivienda que España. Portugal ha empeorado pero la ratio entre salario y precios que hay en España es probablemente la peor.