SINADURAK

Argazkia. Wikipedia Commons / Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregia. Fred Romero.

La verdad, no es tarea breve[1]. Por ello, he decidido escribir este pequeño decálogo, tanto para aquellas personas que desde la distancia desconocen algunas realidades o peculiaridades del concierto, así como para hacer frente a aquellos que, en Euskal Herria, elevan esta herramienta a un nivel de soberanía que en mi opinión no se corresponde en absoluto con la realidad.

Vamos con ello y lo primero preguntémonos: ¿Qué es el Concierto Económico?  En forma de breve definición podemos decir que “El Concierto Económico es el sistema de financiación propio del País Vasco, en virtud del cual se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre este y el Estado español”. O por decirlo en otras palabras, es la herramienta  que por una parte define qué parte de los impuestos podemos legislar, regular y gestionar y, por otro lado, concreta la aportación que deben realizar las administraciones vascas a los gastos no transferidos del Estado (Defensa, Casa Real, Grandes Inversiones, Pago de la deuda, etc.). En el caso de Nafarroa los contenidos son prácticamente los mismos.

Definido en sus grandes términos, vayamos al grano e intentemos deconstruir los mitos que aquí y allí se utilizan para valorar u opinar sobre el Concierto Vasco o el Convenio Navarro. En primer lugar reflexionaremos sobre las principales características que se les suelen atribuir:

1. “Es un régimen histórico” nos dicen en primer lugar. No hay objeción alguna en reconocer que el Concierto de la CAV y el Convenio de Nafarroa se remontan al siglo XIX y que, por tanto, se pueden caracterizar como históricos y herencia de lo que fueran nuestros fueros (¿restos de soberanía?). Pero, por favor, no olvidemos que ambos fueron reconocidos precisamente tras perder las guerras carlistas y, por tanto, son fruto de una derrota, con todo lo que ello significa.

2. “Es un régimen pactado”. Los defensores del Concierto acostumbran a decir que las decisiones se toman de común acuerdo entre las instituciones vascas (o navarras) y la administración del Estado y que dicho acuerdo se da en un marco paritario (Comisión Mixta) y de igual a igual. Además añaden, y es cierto, que las decisiones allí tomadas no pueden ser “cepilladas” (diría Alfonso Guerra) posteriormente en el Congreso donde han de ser aprobadas. Es cierto que no pueden ser “cepilladas” pero también lo es que el Congreso puede echar atrás una decisión de la Comisión Mixta. Luego la soberanía reside, en última instancia, en el Congreso español y no en un acuerdo entre iguales. Por ejemplo, la negativa a negociar la actualización del cupo en determinados momentos históricos ha puesto en evidencia que quien tiene la sartén por el mango es Madrid y no Iruñea o Gasteiz.

«El concierto de la CAV y el Convenio de Nafarroa son fruto de las derrotas carlistas, y aunque sea un régimen pactado, no es un acuerdo entre iguales, puesto que la soberanía reside en el Congreso Español.»

3. “Es solidario” nos dicen. Bueno si, efectivamente, los ciudadanos de Hego Euskal Herria (la que está bajo administración española, ndr) financiamos mediante el cupo más o menos el 8%[2] de los gastos estatales de aquellas materias que no han sido transferidas y participamos en el fondo de compensación autonómica. Pero digo yo que para llamarlo solidaridad debiera de ser un ejercicio voluntario y no impuesto. ¿Se imagina alguien qué diría la gran mayoría de la ciudadanía vasca si le preguntáramos si nuestra solidaridad ha de pasar por financiar el 8% del presupuesto de defensa, de la Guardia Civil, de la Corona o si tenemos que pagar la deuda pública del rescate bancario u obras faraónicas con nuestro dinero? ¿Eso es solidaridad o de imposición?

4. “Es un régimen de responsabilidad o riesgo unilateral” dice la cuarta característica atribuida al Concierto y aquí ya estamos poniéndonos más de acuerdo. ¿Por qué? Porque ello significa que el pago del cupo se calcula en base a los gastos del Estado, sea nuestra recaudación buena, mala o peor. O dicho de forma simple y entendible: el Estado puede decidir unilateralmente lo que gasta y nosotros pagamos el 8% mencionado nos guste o no, recaudemos mucho o poco, tengamos en ese momento otros gastos o no. Al Estado le da igual, ellos deciden y nosotros recaudamos y pagamos.

5. ¿Y cómo se actualiza el cupo? Es complejo el tema, pero subrayemos lo importante: las variables que intervienen en su actualización no tienen que ver con lo que nosotros recaudamos sino con lo que recauda Madrid. O dicho de otro modo, da igual si nosotros recaudamos más o menos, porque el incremento del cupo se calcula en base a variables sobre las que nosotros no tenemos competencia alguna. Una vez más, ellos deciden y nosotros pagamos.

«No es un pacto solidario, puesto que es impuesto y no voluntario. Además de eso, la actualizacion del cupo depende sobre lo que recauda Madrid»

6. “Bueno Joseba, eres un poco exagerado, lo que has dicho será así, pero no es menos cierto que vosotros, como acabas de decir `reguláis y recaudáis los Impuestos’ a diferencia de otras comunidades del Estado” me diría coloquialmente alguien con ganas de rebatir.

Y es cierto, las diputaciones de la CAV y Nafarroa recaudan la mayoría de los impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio..) y los indirectos (IVA e impuestos especiales). Pero recaudar no es legislar o regular. En el año 2022, sirva como ejemplo, la tres diputaciones recaudaron un total de 16.000 millones de euros mediante los impuestos o tributos concertados. Pues bien, de esa cantidad, exactamente la mitad corresponde a impuestos indirectos como el IVA donde nosotros no podemos decidir absolutamente nada. Madrid decide absolutamente todo y nosotros nos limitamos a recaudar.

¿Y en los impuestos directos? Ahí sí, las instituciones vascas pueden legislar pero con dos salvedades que entiendo resultan clarificadoras: “El sistema tributario concertado debe respetar la estructura general impositiva vigente en el resto del Estado”, luego el tipo de impuestos no puede variar sustancialmente. Y por otra parte, se “debe mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del Estado”, luego dentro del mismo tipo de impuesto el margen de maniobra es también reducido.

En suma, que ni podemos legislar en la mitad de impuestos y donde lo podemos hacer, repito, el tipo de impuestos estatales y la presión fiscal global tienen que ser prácticamente las mismas. Esa es nuestra capacidad legisladora en materia tributaria, y lo demás florituras.

Argazkia. Gara / Sanrokada 1893ko abuztuaren 16an Gernikan izandako matxinada zen. Abertzaletasunaren lehendabiziko ekintza publikoa zen, Espainiar gobernuak foruen kontra eginiko erasoak eta euskal probintzien arteko elkartasunak eragindakoa. (hemen artikulua). Wikipedia Commons. CC BY-SA 3.0

7. “Bueno si, pero por lo menos recaudáis vosotros y luego le pagáis al Estado a posteriori el cupo que hemos mencionado”. Pues tampoco eso es así. Ciertamente, nosotros recaudamos los impuestos mencionados, pero el Estado recauda una parte de los impuestos que nos corresponde a nosotros. En concreto el IVA de nuestras importaciones y también otra parte de los impuestos indirectos (sobre todo el IVA) que si bien la han soportado los consumidores finales vascos, se han ingresado en la Hacienda española (también ocurre al revés, pero en un importe notablemente menor). Y, de hecho, esos flujos que el Estado ajusta a nuestro favor son más de lo que hay que pagar por el cupo. Tal es así que, ciertamente, el cupo no se paga materialmente, sino que, más concretamente, se lo queda el Estado de esas cantidades que ha recaudado previamente. Por decirlo de forma fácil: las administraciones vascas no hacen un ingreso del cupo en la cuenta del Estado, sino que es este el que nos devuelve lo que ha recaudado previamente por los ajustes de IVA y antes de hacerlo se queda con el cupo. Una vez más ya vemos quien tiene la sartén por el mango.

«La mitad de lo recaudado (año 2022) corresponde a impuestos indirectos donde nosotros no podemos decidir absolutamente nada»

8. ¿Y la seguridad social? Pues nada de nada. Las aportaciones a la seguridad social son uno de los ingresos fundamentales de cualquier sistema de tributación y financiación pública, pero en este caso el Estado se reserva para sí el conjunto de las decisiones tanto en materia de ingresos (aportaciones mensuales de trabajadores y empresarios) como de gastos (pensiones…). Para hacernos una idea del montante que suponen las cotizaciones a la seguridad social hay que decir que éstas suponen en torno al 40% de nuestra contribución al sector público (el 60% restante corresponde a los impuestos). Pues bien, de ese 40% tampoco tenemos nada que decidir y en este caso, ni recaudar. “Caja única de la Seguridad Social” acostumbran en llamarla, pero a la vista de que en menos de diez años se han gastado los 60.000 millones de la hucha de las pensiones, yo lo llamaría el “agujero único”. Sea “caja” o “agujero”, ahí tampoco ni pintamos ni decidimos nada.

9. Y si todo lo anterior sobre ingresos públicos fuera poco, hemos de mencionar también los gastos. Desde la reforma constitucional del 2011 que dicta dar prioridad al pago de la deuda a cualquier otro gasto público o social las cosas han cambiado mucho. Tanto dicha reforma como la posterior Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) han supuesto un varapalo total a la poca autonomía en materia de gasto que pudieran tener de antemano nuestras administraciones, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos de Iruñea o de Gasteiz. ¿Ejemplos? Hoy por hoy, el incremento salarial de los trabajadores públicos vascos se decide en Madrid, hemos pasado años en los que no hemos podido ni hacer ofertas públicas de empleo por no tener permiso de Madrid para ello, el déficit en el que podemos incurrir lo decide Madrid (¡Y Bruselas!) y un largo etc. que demuestra que no sólo en materia de ingresos, sino que también en el apartado de gastos nuestra capacidad de decidir es, ciertamente, muy reducida.

10. Por tanto, no podemos regular la mitad de los impuestos, en la otra mitad nuestro margen es bastante reducido, pagamos el cupo por algo que no queremos pagar y nos actualizan el pago a su gusto. De la seguridad social, nada de nada, ¿y el gasto público? según quien esté en la Moncloa y qué dicten los funcionarios neoliberales de Bruselas. No es oro todo lo que reluce y el Concierto (o Convenio) desde luego está rodeado de mitos que no se corresponden con la realidad, en absoluto.

¿Vamos a estar mirando siempre al de al lado y comparándonos con quien menos tiene, cuando es urgente y necesario reivindicar la soberanía plena en materia económica, financiera o fiscal? ¿Vamos a seguir defendiendo unos mitos que no hacen otra cosa que limitar nuestro horizonte reivindicativo y, por tanto, nuestra capacidad de mejorar nuestro sistema fiscal y de financiación pública? ¿En tiempos donde los ricos son cada vez muchísimo más ricos[3] no es necesario dotar a los pueblos y naciones de más soberanía económica para construir un futuro más igualitario? Si la respuesta a esta última pregunta es que si, debiéramos en primer lugar dejar de sacralizar el Concierto (o el Convenio) y en segundo lugar reivindicar y trabajar por dotarnos de una mayor soberanía (en este caso tributaria y financiera) para tener un sector público capaz de estar a la altura de los retos y transiciones a los que irremediablemente nos vamos a enfrentar.

[1] Ni es breve ni es fácil y por ello quiero agradecer a Helena Franco (Ex diputada de Hacienda Pública de Gipuzkoa) su ayuda en la elaboración de este artículo.

[2] 6,24% para la CAV y 1,6% en el caso de Nafarroa.

[3] Oxfam acaba de públicar un informe que habla de que el 1% de la pobalción nos ha arrebatado el 63% de la riqueza  producida desde el 2020