La ley de vagos y maleantes, aprobada por la Segunda República (1933), se hizo famosa en el franquismo porque permitió de forma arbitraria la represión de personas sin recursos. En un intento continuo de repetir la historia, la derecha siempre promueve el odio al pobre. Ya sea con las personas migrantes, la RGI, las personas racializadas y como en los últimos tiempos presentando la “okupación” como una lacra social, su nuevo campo de batalla. De nuevo, la mejor lucha ideológica es la vía de los hechos, demostrar que aquí y ahora, un cambio de modelo habitacional es posible.
"Queremos un país de propietarios, no de proletarios",
José Luis Arrese, ministro español fascista de la Vivienda, 1957
No han inventado nada. La frase ya apuntaba maneras en una realidad urbana donde predominaba el alquiler. La dictadura fascista cambió de estrategia y decidió poner fin a la construcción de grandes polígonos de vivienda pública. Poco más tarde, en Euskal Herria, alquilar se convirtió en una opción negativa, perdedora. Se extendió la idea de que comprar era lo más barato. El alquiler es tirar dinero. Se facilitó el acceso al crédito, se hicieron hipotecas de por vida y se puso en marcha una labor ideológica brutal para convencer a la gente de que comprar era la carta ganadora y que los precios nunca bajarían. Una apuesta segura.
“Nunca pelees con quién nada tiene que perder”
Baltasar Gracían, S. XVII
Primeramente, establecer las bases materiales para un nuevo modelo de acumulación: empresas constructoras, un nuevo sector de inversión inmobiliario y promotoras, sistema financiero de préstamo y el nicho del sector turístico.
Era también una apuesta decidida por perpetuar la segregación urbana que venía del siglo anterior, repartiendo la ocupación del territorio según la renta y la clase, con la proliferación de barrios obreros y de zonas para las nuevas élites.
Y es que es sabido que el acceso a la propiedad privada genera ideología. Así, esta nueva estrategia de política habitacional escondía varias apuestas a largo plazo.
Para seguir, los propios valores que se promovieron desde la tipología de vivienda impulsada, la cual respondía a una única concepción del modo de vida hegemónico, el modelo patriarcal: familia heteronormativa, con dos o tres descendientes, coche, trabajo urbano, etc.
Y acabar citando lo que ya era evidente en la afirmación del ministro franquista, evitar la conflictividad social entendiendo que la propiedad y la vinculación hipotecaria afianzaba el propio modelo económico y generaba personas más conservadoras, más reacias a los grandes cambios y más dispuestas a defender el status quo imperante: el sistema capitalista.
“Miente, miente, que algo queda”
frase mal atribuida a Joseph Goebbels
Así que ahora no nos sorprende que los y las sucesoras de Arrese, la extrema derecha, siga acudiendo al problema de la vivienda para su lucha ideológica. “Un día vuelves de una dura jornada laboral y te encuentras a un vago inmigrante en tu sofá”. Extender el miedo, plantear la ocupación de tu casa como posibilidad y práctica generalizada, fomentar la securocracia, afianzar los valores que permiten una sociedad demandante de mano dura y control social.
Según datos de las propias consultoras de bancos, la “ocupación irregular” de vivienda se sitúa en torno al 0,4% del parque total, en el caso de Euskal Herria, podemos hablar de unas 6.400 viviendas. Esta es la opción para las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, como último recurso.
La propiedad y la hipoteca hace a la clase trabajadora más segurola.
Habitualmente se dan en pisos deshabitados, en mal estado, en espacios urbanos periféricos, degradados y que están a la espera de ser renovados, la gran mayoría (70%) de estos pisos son propiedad de bancos y financieras a la espera de negocio especulativo ¡Bienvenidas sean estas ocupaciones!
El 70% de estos pisos son propiedad de bancos y financieras a la espera de negocio especulativo
Hablamos, a nivel legal, de “usurpaciones” de bienes inmuebles, es decir, ocupaciones de viviendas que están claramente abandonadas y en desuso, no de “allanamientos de morada” habitual, como la extrema derecha quiere hacer creer, lo cual por cierto es otro tipo de delito penal mucho más grave.
Lo que no debemos permitir es que esta maniobra de despiste oculte la verdadera problemática: el precio de los alquileres no para de subir. Ese es el drama de la mayoría de jóvenes que quieren emanciparse en este país o de las personas que quieren vivir sin hipoteca. El alquiler medio de Donosti se sitúa ya en 880€ al mes, en Baiona rondaría los 840€ y los 750€ en Bilbo. Mientras, el paro juvenil alcanza el 20% y el sueldo de las que pueden trabajar ronda los 1.000€/mes. Emanciparse o vivir, esa es la cuestión.
La opción de compra es la apuesta segura, con un coste medio que supera con creces los 3.000 €/m² en nuestro país. El precio se ha triplicado en los últimos 25 años. Los sueldos apenas se han movido, si no han bajado. ¿Nos hemos preguntado cuánta vida estamos dedicando a pagar la vivienda? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas nóminas? Con un cálculo rápido entraríamos en depresión. Más de 10 o 12 años de trabajo exclusivo según los gustos por el barrio donde vivir.
¿Nos hemos preguntado cuánta vida estamos dedicando a pagar la vivienda? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas nóminas?
A esto tenemos que sumar la proliferación de pisos turísticos en nuestras ciudades, no sólo incrementa el ya inflado mercado de alquiler si no que directamente nos está expulsando de nuestros centros, es una fuerza centrífuga que lanza a las personas jóvenes a la periferia o las localidades cercanas.
La puntilla la ponen los desahucios de familias, que no han cesado. Los bancos no tienen que llamar a “desokupa” porque ya tienen a la policía.
“Quien okupa preocupa”
pintada popular
Argazkiak. Unshplash / Dave Simbosa
Y en este contexto de especulación inmobiliaria, las personas que hemos militado en el movimiento político de ocupación, sabemos que la acción en sí va más allá de poner de manifiesto una problemática y una realidad: vivienda vacía frente a la necesidad social, pues choca frontalmente con los pilares del sistema ya que apuesta por lo común, el derecho a que la vivienda cumpla su función social y la colectivización de una necesidad vital como es el derecho a techo. Las acciones de recuperación de espacios abandonados en general cuestionan el sistema mediante la práctica directa. Sin embargo tanto las ocupaciones de viviendas politizadas y colectivas como las que parten únicamente de la necesidad más inmediata no se deben entender como un fin en sí mismo. Se ocupa hoy para que nadie tenga que ocupar mañana.
“Quemar un cajero mola, expropiar un banco hace más pupa”
Los Chikos Del Maíz, Canción Los invisibles 2014
Porque la ocupación no puede ser un objetivo en sí mismo. Lo que realmente puede dar solución a este problema es el control del bien básico en cuestión al servicio de las clases populares. Por lo tanto la política de vivienda de izquierdas debe tener al menos una doble función, mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, y acabar con la acumulación rentista de capital que tanto está engordando a ciertos sectores, tanto la especulativa mediante la compra-venta de inmuebles como la que generan los alquileres.
“La tierra para el que la trabaja”
Emiliano Zapata, 1911
Y es que si algo se ha peleado desde la izquierda en la calle y en la legislación es que la vivienda tiene que ser para la persona que la use: “Ni casas sin gente ni gente sin casa”. A esto se le ha denominado jurídicamente “función social de la vivienda”, que no es más que la de dar cobijo y residencia a las personas de forma digna. Esto nos debe hacer cambiar el paradigma neoliberal en el que la propiedad privada está por encima de todo.
Debemos empezar a pensar, desde la base, desde el propio poder popular, comunitario, que lo ilegal y punible es mantener vivienda vacía y mal conservada a la espera del negocio. Debemos pensar, exigir y actuar con esta premisa.
En ese sentido, desde la gestión pública, tenemos ya ese anclaje para que la izquierda implemente una política de vivienda que solucione el drama social de miles y miles de personas. Desde ahí debemos de proponer herramientas, acciones concretas y medidas que saquen de una vez por todas el derecho a la vivienda de la lógica de mercado.
“Expropiese”
Hugo Rafael Chávez Frías, 2015
De todo lo citado podemos sacar algunas claves para centrar nuestra actuación. Para empezar, regular el precio de los alquileres. Es una iniciativa que ya se ha hecho en diferentes ciudades (Viena, Berlín…) que Catalunya ha legislado e implementado recientemente y que EH Bildu ya ha propuesto en el parlamento de Gasteiz. Tasar el precio de un derecho básico es una cuestión vital. En este sentido es imprescindible la articulación de sindicatos de alquileres en defensa de sus derechos y una propuesta legislativa apoyada por la mayoría social.
Se hicieron hipotecas de por vida y se puso en marcha una labor ideológica brutal para convencer a la gente de que comprar era la carta ganadora y que los precios nunca bajarían.
Sin duda, otra gran clave es la vivienda vacía. Por un lado porque en Euskal Herria tenemos unas 163.409 viviendas vacías de un total 1.526.378 (Gandegia 2011), en torno al 8%, lo cual nos da un amplio terreno de juego dónde actuar. Por otro lado, porque el territorio nos pide dejar de artificializar suelo, regenerar y poner en valor el espacio construido. Además reutilizar la vivienda es más sostenible que construir nuevos barrios desde la nada. Dicho esto, lo primero que debemos saber es quién tiene estas viviendas y porqué. Más allá de datos estadísticos es necesario municipio a municipio tener un registro público de vivienda vacía con algunos datos básicos (propiedad, situación, porqué no se usa, etc.).
Es la base sobre la que poder hacer políticas públicas reales, certeras. Registrando esa realidad es donde podemos comenzar a diseñar el palo y la zanahoria. La administración tiene un largo recorrido que va desde medidas fiscales: coercitivas si no se usan o que incentiven su puesta en alquiler. Propuestas para una cesión pública por un tiempo para su puesta en alquiler social tras su rehabilitación: una especie de masonería urbana pública obligada. O la expropiación de la vivienda si no se responde a los requerimientos en los plazos establecidos.
Además, podemos estar seguros que este registro público despertaría la imaginación de ciertos movimientos populares y colectivos de nuestro país para poner en uso dichas viviendas.
“Pero usted no es rico, ¿no?”. Y el pobre de solemnidad respondía: “No, pero puedo serlo algún día”.
Respuesta de una persona migrante y racializada para justificar medidas liberales en EEUU.
Y quizás por esto lo más complicado no sea la elaboración de herramientas y medidas, ni siquiera articular a los grandes sectores populares que padecen el problema de la vivienda: desahuciadas, jóvenes precarizadas, migrantes en alquiler, hipotecas abusivas, etc. En la construcción de una república vasca, quizás nuestro mayor reto sea interiorizar y socializar que con el control popular de la vivienda ganamos todas. Desmontar la falsa necesidad creada de la propiedad obligatoria. Tomar consciencia incluso de que si queremos socializar la vivienda es necesario primeramente publificar el suelo, con propuestas concretas pero también sin complejos, porque es lo que más nos acerca al socialismo.
La mayoría de personas en nuestro país no es multi-propietaria, no vive del rentismo, no invierte en “espacios de oportunidad”. La mayoría está dedicando miles de horas laborales a pagar hipotecas y alquileres. Sudores, números y lágrimas. Colectivizar la vivienda, sacarla del libre mercado, nos daría vida, otra vida. Seamos realistas y exijamos lo imposible.