ELKARRIZKETAK

Argazkia. FOKU

¿Qué significa el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo? ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista administrativo?

El derecho a la vivienda como derecho general o abstracto está reconocido en la Constitución del Estado francés y en la del Estado español. En cambio, el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo es un salto cualitativo. La Administración reconoce que, dado que este derecho es subjetivo, si tú no puedes obtenerlo, es ella la que debe dártelo o es la encargada deposibilitarte ese derecho a la vivienda. En los últimos años, en el Estado francés, si no me equivoco, la vivienda se ha reconocido como derecho subjetivo en la DALO desde 2008, en Nafarroa Garaia está reconocido desde 2010; se reconoció en la ley vasca de 2015 y en la ley aprobada recientemente en el Estado español, no lo dice exactamente así, pero indirectamente se reconoce el derecho subjetivo a lavivienda.

¿Cuáles son las razones por las que los precios del metro cuadrado de la vivienda (tanto para compraventa como para alquiler) sean tan elevados en Euskal Herria?

Nos han incluido en el ADN que la vivienda es una inversión. Se nos dice que alquilar es tirar nuestro dinero. Parece que para tener éxito primero hay que comprar un piso y luego hay que comprar un segundo piso para irse de vacaciones. Este pensamiento ha convertido a cada uno denosotros y nosotras en un pequeño especulador. También es interesante para el sistema que los ciudadanos tengan hipotecas largas para pagar. Con la amenaza de una deuda de 200.000 €, la gente se esfuerza menos en cambiar las cosas, en movilizarse.

Por otro lado, las viviendas de protección pública se han ido liberalizando en los últimos 30-35 años. En la CAV, 65.000 viviendas de protección pública han pasado a ser libres. Estos pequeños propietarios han intentado obtener el máximo rendimiento económico en la compra venta y eso también ha calentado el mercado.

Además, la CAV es la única comunidad autónoma del Estado español en la que tienes derecho a una desgravación fiscal por la compra de una casa, se ha suprimido en otras comunidades autónomas. Esto hace que la compra de una casa se convierta en una inversión. Estas desgravaciones deberían trasladarse al ámbito del alquiler para tratar de mantener los alquileres a un precio asequible. En cuanto al encarecimiento de los alquileres, cabe mencionar la aparición de los fondos buitre. El capital se mueve hacia el mercado del alquiler. 

Los fondos buitre realizan grandes inversiones comprando grandes paquetes para luego venderlos más caros. Estos movimientos también impulsan la subida de precio.

¿Qué alternativas puede ofrecer la Administración a la gente en situación de vulnerabilidad para garantizar este derecho subjetivo?

Hay bastante consenso en que no debe destinarse más del 30 % del salario al pago del alquiler. El alquiler protegido o el alquiler social son la herramienta con la que cuenta la administración. Para ello se necesita un gran parque público de viviendas. A día de hoy, desgraciadamente, no tenemos oferta suficiente para atender la demanda. En la CAV hay 60.000 solicitantes y la Administración ofrece 25.000. Los números no dan.

En su lugar, se busca la colaboración público-privada. A través del programa Bizigune, en la CAV, un propietario privado pone su casa a disposición de la administración y esta la alquila en alquiler social. El inquilino no paga más del 30 % de su sueldo; el propietario cobra 750€ al mes en una capital o en localidades cercanas a ellas, y la diferencia la pagamos entre todas. Es una solución interesante a corto plazo, pero a largo plazo, hay un trasvase de capital público a manos privadas y, por tanto, no es una solución.

Pero ni así se cubre la demanda de vivienda social. Entonces se da otra solución: una prestación. Como no puedo darte alojamiento para el ejercicio del derecho subjetivo de vivienda, te doy una paga mensual (unos 300 € en la CAV, unos 250 € en CFN). El inquilino va al alquiler libre y paga con la prestación. Ahí también hay un trasvase, aún más claro, de manos públicas a manos privadas. A esta ayuda se le han asignado diferentes denominaciones: prestación complementaria de vivienda, prestación económica de vivienda, prestación del derecho subjetivo a la vivienda... Para los jóvenes existe lo mismo con el nombre de Gaztelagun en la CAV, y Emanzipa en Nafarroa Garaia.

Todo eso también calienta el mercado, infla los precios. Por tanto, la solución es simple; que el parque público de viviendas sea mayor y así la propia administración ponga sus viviendas en alquiler social para poder garantizar el derecho subjetivo.

Tal y como se señala en el reportaje, la vivienda es una cuestión de estado, y para tener una política pública de vivienda sólida, las competencias son imprescindibles. ¿Qué nos falta?

Bastantes cosas. El Estado español se reserva sobre todo ciertas leyes y reglamentos relacionados con el dinero y los contratos. Y claro, eso está muy relacionado con el asunto de la vivienda. La ley que regula las expropiaciones es española. Valoraciones, tasaciones de una vivienda o un suelo. Regulación hipotecaria. Cómo regular la actuación de los bancos está muy relacionado con las hipotecas y los desahucios. La Ley de Arrendamientos Urbanos también es competencia española. Es lo que han cambiado en la ley estatal de vivienda para poder limitar los alquileres. En esta ley también se concretan algunas regulaciones relacionadas con los deshaucios.

Esas cuatro o cinco cosas que he mencionado son muy importantes y son necesarias para hacer una política de vivienda sólida. Si fuéramos un Estado soberano, nosotros los regularíamos.

La lucha contra las casas vacías y la lucha por los alquileres para todo el año pueden ser claves para provocar un cambio de rumbo en la tendencia de los precios. ¿Qué medidas se pueden tomar?

Miro con envidia la lucha de Ipar Euskal Herria. Lo que han logrado no será ideal, pero ha sido el movimiento social el que ha forzado un cambio normativo con la medida compensatoria. Aquí se han planteado las cosas de otra manera, de arriba a abajo, se han planteado algunos cambios legales, aunque no hay que olvidar el trabajo realizado por plataformas como ¡Stop Deshaucios!

En la CAV tenemos una herramienta bastante interesante para movilizar las casas vacías, como el Decreto 149/2021 de viviendas deshabitadas. Eso es algo que deberíamos empezar a aplicar.

Otra herramienta interesante puede ser la reforma fiscal para conseguir precios asequibles de alquiler. Castigar a los que quieren especular por encima de un precio determinado y premiar a los que alquilan por debajo de ese precio adecuado. Eso todavía está por hacer.

Desde el urbanismo también se pueden hacer cosas. La ley estatal nos ha abierto la puerta para que determinadas viviendas de alquiler social sean protegidas desde el propio plan urbanístico. Eso no se ha hecho hasta ahora. También deberíamos ir en contra de la especulación. No deberíamos premiar a los promotores que esperan mucho tiempo para empezar a urbanizar, a la espera de que suban los precios de mercado. Las Administraciones no hacen nada en estos casos. Hemos propuesto varios mecanismos en el Parlamento.

Por último, habría que poner coto a los pisos turísticos, al menos allí donde hay problemas. En Donostia, en Bilbo, en la mayoría de las localidades costeras... ¿Por qué? Porque se colocan en viviendas normales y eso se come la oferta de la vivienda. Y también hay que incidir en el precio aplicando los instrumentos que nos ha dado la Ley de Vivienda del Estado español. Hay que imponer un tope a esta subida alocada de los alquileres.