SINADURAK

Además de esa interpretación de seguridad, vinculada a tranquilidad, confianza, exención de riesgo... hay una demanda más específica, referida a ese servicio público, gestionado por los mecanismos de seguridad y defensa públicos (policía, agencias de emergencias, ejército...) ¿es compatible la oferta de seguridad que nos ha prestado el Mando Único con la demanda de seguridad de la sociedad vasca? Veremos que no. Finalmente, esa solicitud de seguridad ha modulado a su vez una nueva relación con la libertad, con la habitual reivindicación de derechos y libertades, obligándonos a asumir su limitación por un valor superior de responsabilidad cívica.

¿Queremos seguridad aún a pesar de verificar que esta restringe nuestra libertad?

Por partes. Históricamente hemos tenido una relación conflictiva hacia el servicio público de seguridad, basado en el agravio y la desconfianza. Un servicio que se presta en cualquier sociedad moderna en cual-quier país del mundo (desde la cabeza de león del Imperio hasta su cercana Cuba revolucionaria) con sus propias circunstancias en cada contexto.

Desde nuestro confinamiento (y para nuestra indignación), hemos visto al ejército en nuestras calles, no sabemos muy bien haciendo qué. Hemos visto homenajes de la Ertzaintza y la policía municipal a la Guardia Civil en Intxaurrondo. ¿Eran funciones normalizadas y necesarias de seguridad? No, es relato político. Es ruido para asentar una narrativa concreta, muy apegada a ese pasado.

¿Porqué comparecían los jefes de Cuerpos de Seguridad del Estado ante los periodistas en los primeros momentos de la pandemia? ¿Qué aportaba una silente Beltrán de Heredia junto a Urkullu?

Pues que alguien, en su relato comunicativo, interpretó que ofrecían tranquilidad, confianza, seguridad... y que, en momentos de shock, conectaban con una sociedad que, en su percepción de inseguridad, de-manda ese servicio. Marketing, decorado, autopropaganda...pero efectiva.

Hemos visto también la ac-tuación de la Ertzaintza en San Francisco contra un joven inmigrante y su madre o en Olabeaga contra un joven que viaja en bicicleta, imágenes en las redes sociales de porrazos policiales a presuntos trasgresores de la cuarentena.

Imágenes que nos interpelan más en las formas (desproporcionadas, arbitrarias, inaceptables), que, en el fondo, que es a donde quiero llegar. Hecha la critica, por inaceptable, llegamos a la cuestión: ¿es necesario una gestión de seguridad en una crisis sanitaria? ¿Cómo abordarla? Apuntábamos la intromisión de las medidas de seguridad en la libertad.

¿Están justificadas o han sido profundamente exorbitadas e injustificadas? ¿Es legítimo restringir movimientos ante la pandemia o es una intromisión insoportable del poder en nuestra libertad?

¿Cómo se debe de actuar para confinar a 3.000.000 de vascos y vascas? Paradójicamente se ha levantado la voz desde posiciones antagónicas: algunos han culpado a la burguesía que irrumpe contra los derechos políticos de la clase trabajadora, otros han protestado porque el gobierno comunista les impide sus sagradas libertades individuales.

No voy a frivolizar diciendo que en el medio está la virtud, porque el esquema requiere más profundidad y elementos. Principalmente porque no es lo mismo las condiciones de confinamiento y las sociolaborales que de él se derivan para una clase social u otra.

Sin embargo, ante estas circunstancias, restringir derechos individuales para preservar valores colectivos era absolutamente necesario. Por eso han reaccionado mal la patronal y su terminal en el Gobierno de Gasteiz, porque querían compatibilizar la producción económica con el encierro para todas las demás facetas de la vida de su mano de obra.

Situar ahí la critica es lo correcto. Porque, efectivamente, si aspiramos a crear una sociedad co-responsable e intersolidaria, era preciso restringir derechos de movimiento (y con ellos de reunión, manifestación), que considero se pueden justificar, incluso por quienes hacemos política a pie de calle, porque el objetivo (la salud pública y el derecho a la vida de nuestra comunidad) se percibe como un bien superior.

Porque, precisamente, la actuación política va de sopesar valores, principios e incluso derechos en pugna, para adoptar una decisión u otra.

Porque, como se ha visto en actuaciones incívicas durante el desescalamiento (y sin pretensión de generalizar) la sociedad requiere de algo más que una apelación a la responsabilidad personal, individual, para actuar de manera sensata y prudente.

Requiere, si, mensajes comprensibles y directos. Requiere de empatía y asertividad. Y también inspiración, para animar a hacer lo correcto. Pero también una práctica de seguridad que les acompañe a interiorizar esos mensajes, en algunos casos de forma apremiante, (si, esto va en serio, es por ti, pero por la comunidad en su conjunto), enfrentando si se quiere, con rigor (pero sin actitudes represivas) actitudes antisociales. Conjugando el bien individual con el fin colectivo. Algo que interpreto se ha hecho moderadamente bien desde algunos municipios, entidad más próxima a la ciudadanía.

Sin embargo, ¿cuál ha sido la herramienta estrella para llevar a efecto el confinamiento? La Ley Mordaza. ¿Ha sido adecuado su empleo extensivo? Rotundamente, no.

En Hego Euskal Herria, se habría aplicado la Ley Mordaza en 27.519 ocasiones hasta la llegada de la 1ª fase (desde su promulgación en junio de 2015 se habría aplicado otras tantas veces).

En términos de recaudación, supondrá para las arcas públicas en torno a los 17 millones de euros. Pero la letra pequeña es aún más perversa. La policía municipal ha aplicado esta ley en muchas más ocasiones que la Ertzaintza. ¿Cómo es posible, siendo además que son tres veces más efectivos la policía autonómica (7.500) que la local (3.500 efectivos)?

Hemos apuntado que el Gobierno vasco ha querido compatibilizar confinamiento y producción, sin duda, una decisión política de clase. Dicha decisión ha tenido su efecto frenando el dispositivo de seguridad por parte del Departamento. Mientras que la policía municipal, sobre todo en los pequeños municipios y en rasgos generales, solo ha tenido como objetivo practicar un confinamiento apropiado, compatibilizándolo adecuadamente con salidas de abastecimiento y cuidados, la Ertzaintza ha tenido que mantener el equilibrio entre el mantenimiento de tasas bajas de contagio que favorezca...efectivamente, la producción.

¿Quiere decir esto que doy por buenas las sanciones de la Policía Municipal en aplicación de la Ley mordaza?

No. Efectivamente, nos encontramos ante una herramienta maldita, empleada extensivamente para enfrentar la tarea de encerrar a la gente...porque no había otra. La ley de emergencias u otras que regulan el empleo de espacio público no daban las posibilidades discrecionales de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una Ley que ya estaba en el arsenal policial, estaba a mano.

Eso pasa con las medidas excepcionales que se aprueban una vez, justificadas en circunstancias, prioridades o mayorías concretas y trascienden a ellas para quedarse. Y van sedimentando para, cuando se muestre la ocasión, recurrir a ellas, de forma extensiva como la actual. La Ley mordaza era perversa porque agazapadas entre actitudes incívicas (animales peligrosos, empleo inadecuado de pirotecnia, uso indebido de vehículos..., ¡quién se opone a sancionar esos hechos!) se esconde la brutal lesión de libertades públicas fundamentales.

Y es más perversa ahora porque la supuesta desobediencia a la autoridad (y su presunción de veracidad, claro) exime de apercibimiento y se adelanta a la letra (y propia lógica) del texto legal, tal y como denuncian reputados juristas. Doblemente injusta además porque no ofrece herramientas de oposición o defensa a su perjudicado.

Un procedimiento contencioso-administrativo en el que la víctima intentará oponerse a una sanción ya impuesta, ratificada por la autoridad administrativa (en este caso el Director de la Ertzaintza) y en la que el juez intervendrá tarde y mal. En el nuevo real-decreto de medidas de justicia para la desescalada no hay ninguna que facilite y agilice el recurso o la revisión contenciosa-administrativa de estas sanciones, en un Estado en que las sanciones han ascendido a 1.000.000 de casos.

Esta ley, convertida ya en el buque insignia de medidas represivas, arrambla con garantías procesales de defensa e instala el principio de veracidad policial sobre cualquier otro, como es el de seguridad jurídica o tutela judicial efectiva. Vuelvo a la idea. Es legítimo forzar a un ciudadano a recluirse. Si. Pero los instrumentos que esta ley ofrece a la policía para ello son draconianos.

Hemos reaccionado más en las vísceras que desde la razón, desde nuestras certidumbres (no queremos ejército, no queremos brutalidad policial, no queremos Ley Mordaza) que desde la incertidumbre del modelo que debemos construir.

No intuímos las agencias vascas de seguridad que necesitamos, la gobernanza de seguridad no para intereses particulares (mantener la producción) sino para intereses de todo el colectivo (salud, cuidados, empleo responsable del espacio público...).

No acertamos a visualizar las herramientas legales que necesitamos para ello (sanciones proporcionadas con rigurosas garantías de tutela judicial para el perjudicado) ni como dotarles de vigor legal. Nos han colado un servicio de seguridad porque estábamos en situación de shock, preocupados, atemorizados, desmovilizados y aislados (y ellos lo sabían).

Y ahora, toca deconstruir y reconstruir alternativa sobre lo aprendido. Algo que se acumula a nuestro acervo ideológico y a nuestra práctica política frente a la gestión de seguridad en el marco de la excepción política (participación policial y para-policial en el conflicto político), social (brutalidad contra emi-grantes, en deshaucios, conflictos medioambientales...), laboral (huelgas, protestas sectoriales...) y que debemos hacer extensivo a la novedosa excepcionalidad sa-nitaria novedosa. ¿Como actua-lizar/ construir nuestro modelo de seguridad -que es de lo que se trata- ante semejantes circunstancias?

Es preciso una intensa reflexión ciudadana sobre las formas y el fondo en materia de seguridad.

No voy a cerrar ningún debate. Pero sí que quiero atreverme a plantearlo.  Algunos autores nos advierten de que el autoritarismo no se mostrará en nuestras sociedades occidentales de manera brutal y explícita, a la manera de las viejas dictaduras.

Lo hará de manera amable, imperceptible. Lo justificaremos ante el shock, el estado de necesidad, la catástrofe... Y dicho autoritarismo será el más peligroso, porque no antepondremos alternativa. Con la gestión de seguridad durante la pandemia nos hemos deslizado ya por esa pendiente resbaladiza.

La oferta política conservadora de seguridad no vale. Pero todavía, agravios y perjuicios del pasado no nos permiten pasar de la crítica (certeza) a la construcción de un modelo distinto (con su dosis de incertidumbre, necesidad de solventar contradicciones, asumir le esquema de prueba-error, caer, levantarse, avanzar).

No solo en el papel, sino en la práctica. No filosófica o ideológicamente perfecto, sino bajando a pie de calle. Llevar a la práctica una nueva oferta política en materia de seguridad. Manos a la obra.