SINADURAK

Argazkia. Wikipedia Commons / En un discurso, el presidente Gabriel Boric se refiere al resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022

Con la llegada de la democracia en los años 90, no se llevaron a cabo cambios estructurales en el modelo político-económico plasmado en la carta magna. La movilización social, crucial en la resistencia contra la dictadura en los años 80, se retiró, dando paso a una fase de cooptación y silencio en la movilización social que caracterizó los primeros años de la transición. Sin embargo, en 2006, los estudiantes secundarios encabezaron una movilización social que criticaba específicamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), señalando la necesidad de cambiar la Constitución. También surgió el movimiento "Marca tu voto AC" en 2013, inspirado en el fenómeno séptima papeleta de Colombia, marcando los votos con las letras AC para instigar la idea de cambio constitucional. Durante su segundo mandato, Michelle Bachelet propuso un proceso constituyente en su programa de gobierno, que, a pesar de contar con espacios institucionales de participación, careció de un proceso de ratificación popular y su propuesta nunca fue discutida por el legislativo.

La revuelta social de octubre de 2019, que canalizó el malestar social hacia múltiples demandas como educación, pensiones, medio ambiente, igualdad de género, entre otras, culminó en una demanda central: una nueva Constitución. Para resolver el conflicto, representantes de diversos partidos políticos acordaron el "acuerdo del 15 de noviembre", estableciendo un proceso constituyente con pasos definidos.

Este evento fue percibido como la única vía para abordar democráticamente la crisis social. Dada la urgencia de superar una democracia limitada, donde el cierre elitario sobre la política impidió representar los intereses mayoritarios en las instituciones, la viabilidad de resolver este conflicto mediante un nuevo proceso plebiscitario debe evaluarse en función de si la propuesta constitucional aborda efectivamente dicho conflicto.

Fracaso Constitucional 4S

La derrota sufrida por las fuerzas progresistas en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión. El voto obligatorio cambió la tendencia electoral de los últimos años, dando un contundente 62% a la opción "Rechazo" al texto propuesto por la Convención Constitucional.

Posteriormente, los partidos políticos chilenos acordaron una nueva comisión para redactar un anteproyecto constitucional. Esta vez, una Comisión Experta escribiría dicho anteproyecto, y después de tres meses de trabajo, un Consejo Constitucional electo lo complementaría.

7M y el Consejo Constitucional

La elección del 7 de mayo marcó un hito en la historia electoral del país al ser la primera medición de fuerzas políticas bajo el sistema de voto obligatorio. Aunque algunos análisis se centraron en comparar los porcentajes obtenidos por las fuerzas políticas con los votos de aprobación y rechazo del plebiscito del 4 de septiembre, la participación total contó una historia diferente. Ambas elecciones tuvieron una participación similar, con un 84,9% el 7M, equivalente a 12.858.862 personas, apenas 110.428 menos que en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

El 62% obtenido por el rechazo el 4S fue significativamente mayor que la cantidad de votos obtenida por la derecha en la elección del 7M. Al sumar los votos de los partidos Republicano y Chile Seguro en los últimos comicios (5.532.165), y agregar los votos del Partido de la Gente (difícilmente atribuibles monolíticamente a las fuerzas conservadoras) que obtuvieron 537.088, se alcanza un total de 6.069.253 votos. Esto revela que las fuerzas conservadoras obtuvieron casi dos millones menos de votos que la opción "rechazo" el 4S.

En términos de "apruebo", el resultado también muestra un fenómeno similar. El "apruebo" obtuvo 4.859.103 votos el 4S, mientras que en la elección del Consejo Constitucional (7M), al sumar las listas "Todo por Chile" y "Unidad para Chile", se llega a un total de 3.678.182 votos, es decir, cerca de un millón de votos no se transfirieron desde la elección anterior. Estos casi 3 millones de votos "perdidos" subrayan la importancia del voto nulo, que fue inéditamente alto, con 2.119.506 votos, equivalentes al 16,98% del total. Además, los votos blancos fueron 568.673, representando el 4,56%, lo que indica que 2.688.179 personas expresaron apatía o rechazo al proceso.

«La elección del 7 de mayo marcó un hito en la historia electoral del país al ser la primera medición de fuerzas políticas bajo el sistema de voto obligatorio»

Estos números revelan dos aspectos cruciales del inicio del nuevo proceso constitucional. Primero, la suma total de nulos y blancos más la abstención equivale a 5.048.202 personas, es decir, el 33,2% del padrón, indicando que un tercio del electorado se excluye del nuevo proceso constitucional. Segundo, incluso al observar a quienes sí votaron, los votos nulos y blancos, sumados a los dos partidos que se retiraron del acuerdo que dio inicio al proceso actual (Republicanos y el PDG), suman 6.761.839 votos, el 52,5% de los votantes. En otras palabras, la mayoría de los participantes en la elección se inclinaron por opciones que se declararon abiertamente contrarias a la idea misma de un proceso constitucional. Esto indica que ni el rechazo ni el apruebo lograron fidelizar el voto del 4S, y las candidaturas al Consejo Constitucional no conectaron con el 21% representado por los votos blancos y nulos. La participación mediante el voto obligatorio afectó a todo el espectro político, mostrando señales de problemas de representatividad entre quienes legislan y gobiernan, y sus representados.

Foto. Unsplash / Mari Helin

El Nuevo Texto: ¿Representa una Constitución que le Sirve al País?

Desde nuestra perspectiva, la propuesta del Consejo Constitucional agrava los problemas descritos para la Constitución vigente. Es una propuesta que desconfía de la democracia y consagra un programa de gobierno particular de la extrema derecha del país, introduciendo elementos que incluso la Constitución de 1980 decidió no constitucionalizar. A continuación, ofrecemos una síntesis de nuestro análisis del texto constitucional propuesto, considerando cuatro grandes ejes.

1. Estado Social

La propuesta busca constitucionalizar el programa de políticas públicas liderado por la derecha política y económica, institucionalizando en nuestra carta magna instituciones que han fracasado para una amplia parte de la población, como las AFP y las ISAPRE. Además, bloquea futuras discusiones sobre el derecho a la educación, al consagrar el financiamiento a la demanda, impidiendo de facto la posibilidad de construcción y fortalecimiento de la educación pública. La redacción anti tributación también obstaculiza la construcción de un sistema de financiamiento para la protección efectiva de los derechos sociales, largamente demandados por la ciudadanía. En este sentido, el establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho resulta una consigna vacía al considerar el texto propuesto en su conjunto.

2. Género y Feminismo

La propuesta entraña retrocesos que amenazan conquistas democráticas relacionadas con la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Limita la discusión sobre los cuidados como un problema público, obstruyendo el debate democrático futuro en estas materias, que son fuentes clave de desigualdad y privación material para las mujeres en la actualidad. No considera la paridad como un principio a implementar en el proceso democrático y constitucionaliza la discriminación a través de la regulación de la objeción de conciencia, poniendo en riesgo los avances existentes relacionados con el aborto en tres causales. En resumen, se trata de un texto que busca constitucionalizar una agenda conservadora en estas materias, obligando a retroceder avances existentes o limitar las posibilidades de ampliación democrática en el futuro.

3. Medioambiente

En relación con el medioambiente, la propuesta retrocede respecto a los estándares internacionales contemporáneos. Justifica el daño ambiental cuando este produce beneficios económicos, ignorando el contexto de crisis climática actual y proponiendo una carta magna que carece de herramientas efectivas para enfrentar este desafío urgente a nivel mundial. Este cierre democrático pone en entredicho la pertinencia del texto propuesto para abordar uno de los desafíos más apremiantes de la actualidad.

4. Democracia, Sistema Electoral y Sistema de Partidos

La propuesta representa un estrechamiento de la democracia al favorecer a las organizaciones empresariales como entes organizadores de la vida colectiva. Restringe el derecho a huelga de las y los trabajadores al limitar el estándar internacional aceptado, reduciendo sus posibilidades de intervención en el debate colectivo. Aumenta significativamente la dificultad para introducir reformas constitucionales en el futuro, omitiendo cuestiones fundamentales para la vida democrática, como la paridad o la construcción de mecanismos democráticos para asegurar la representación de pueblos originarios. Facilita la concentración del poder en un reducido grupo de personas y grupos políticos al disminuir la cantidad de representantes democráticamente elegidos y al permitir la distribución de cupos parlamentarios según el volumen de resultados electorales.

Fundamento de una posición “en contra”

En las cuatro dimensiones analizadas el texto constitucional propuesto implica un retroceso respecto a la institucionalidad vigente, o bien introduce mecanismos de cierre para el debate democrático futuro. Por ello, enfatizamos en que para inclinarse favorablemente por este texto no bastan los argumentos de que es “una constitución escrita en democracia” o de que “el proceso constitucional debe destrabarse o darse por cerrado”: en lo fundamental, esta propuesta constitucional no se constituye en un instrumento que le sirva Chile, no representa una herramienta política que permita realizar cambios que le hagan sentido a las personas y que nos permita vivir mejor como país.

Recordando la premisa con la que abrimos este escrito: El origen y posible sentido progresivo de este ciclo constitucional era el de abrir un canal de deliberación democrático a los problemas que confluyeron en la revuelta social de 2019 y que se arrastran por décadas. Chile precisa un texto que amplíe las posibilidades de deliberación democrática y que no convierta en “inconstitucional” debates fundamentales para la vida colectiva. Ése es el objetivo que no se alcanzó en esta propuesta: por ello convocamos a la ciudadanía a posicionarse “en contra” de la propuesta emanada por el Consejo Constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023.